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Perú es la quinta economía de América Latina en términos de producto bruto interno (PBI) nominal y tradicionalmente ha sido un reflejo de su variada y compleja geografía. También forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Su PBI PPA ocupa el sexto puesto en América Latina detrás de Chile y Colombia, y ocupa el puesto 46 a nivel mundial. La competitividad y la productividad se ven afectadas por las garantías de los derechos económicos básicos, debido a la debilidad del sistema de administración de justicia. El todavía alto índice de informalidad, la insuficiente capacidad institucional para mejorar la coordinación de estos, así como los índices de exclusión social, generan inestabilidad y conflicto, disminuyendo la velocidad del crecimiento del mercado interno que podría ser mayor.
Perú, con una población de casi 33 millones de habitantes, se encuentra en la posición 45 compuesta por 196 países. Por ello, sus ciudadanos tienen un nivel de vida muy bajo de PIB per cápita. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano (IDH), que elabora las Naciones unidas para medir el progreso de un país y que define el nivel de vida de sus habitantes, indica que los peruanos se encuentran en el puesto 79.
El mercado financiero, consta de un sistema financiero, que todavía es difícil y costoso, y el riesgo operativo intrínseco es elevado, debido principalmente a la protección insuficiente de los derechos de los acreedores, dada la debilidad del sistema de administración de justicia, las imperfecciones en el sistema de garantías y el precario desarrollo de instrumentos de financiación de mediano y largo plazo. Sus actividades principales se encuentran asociadas a la intermediación en el mercado del dinero. Asimismo, se encuentran autorizadas por el órgano rector para la captación de fondos, colocaciones en créditos e inversiones.